Comunicado de colectivas y organizaciones antirracistas ante las elecciones generales en el estado español.
Los movimientos antirracistas autoorganizados del Estado español nos reunimos con motivo del adelanto electoral para dar respuesta a la grave situación que vivimos actualmente. Por un lado, el preocupante crecimiento de la derecha en el ámbito institucional, y por otro, el discurso poco valiente de la izquierda para hacerle frente, que perpetúa de este modo la normalización de las necropolíticas coloniales, presentándose como un mal menor ante el avance precipitado de la ultraderecha, al que quedaremos expuestas las personas migrantes y/o racializadas en irregularidad administrativa o refugiadas.
Denunciamos que no existe un compromiso manifiesto de los partidos políticos, supuestamente aliados, con el antirracismo, y que en sus programas electorales no han asumido con responsabilidad, la defensa de los derechos de las personas migrantes y/o racializadas.
Las plataformas electorales llevan, con tibieza, algunas demandas genéricas que no tienen incidencia estructural en las políticas institucionales, y tampoco atienden a nuestras demandas y trabajos realizados a través de procesos participativos ciudadanos, como la ILP Regularización.
Encontramos en algunos programas electorales algunas referencias en materia de extranjería y atención a la migración que resultan retóricas y superficiales porque ignoran completamente la atención a la diversidad racial en este territorio o las relaciones internacionales que provocan violencia, muerte y desplazamientos masivos. Sin hacer alusión al saqueo y expolio de recursos en el sur global, a la participación de España en el tráfico de armas o la gestión criminal de la frontera sur europea.
Siendo conscientes de esta situación queremos hacer un llamado popular a realizar un voto “responsable”, a todas las personas migrantes y aliadas, a los colectivos y comunidades, a frenar este avance de la derecha. Consideramos que el voto no es un bien individual, es una responsabilidad colectiva, asumiendo que somos muchas las personas que aún estamos al margen de todo proyecto político europeo establecido en un marco de acceso a Derechos.
Por esto, instamos a todas aquellas personas que cuentan con el privilegio de votar y no van a hacer ese uso, cedan su voto a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo.
El Estado tiene que romper con la política de la diferencia y la clasificación de personas de primera y segunda categoría, garantizando el cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Española, así como del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
Desde nuestro recorrido militante en la lucha antirracista y en favor de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, hacemos públicas nuestras demandas y exigencias para las próximas elecciones:
1. Cierre de los CIE, fin de las deportaciones forzadas y derogación de la ley de extranjería.
Exhortamos a promover la derogación de las legislaciones, disposiciones y normativas referentes al control de fronteras directamente por el estado o indirectamente mediante acuerdos con países extracomunitarios, así como la legislación en materia de extranjería con el fin de garantizar igualdad de trato y no discriminación a las personas que transitan procesos migratorios.
La ley de extranjería se creó el 1985 y se empezó a hablar de la figura del «extranjero en situación ilegal». Esto marcó el inicio de un sistema de control y expulsión. La burocracia marca el ritmo y el movimiento de las personas, y legitima la violencia institucional y policial. Acabemos con estos casi 40 años de infamia! Y, una vez conseguido esto, exigimos el inicio de un proceso de reparación a todas las personas que han sufrido las consecuencias de esta ley.
2. Hacer efectiva la demanda de la Iniciativa Legislativa Popular ¨Regularización ya¨ y simplificar el proceso de obtención de papeles y de su renovación.
Reclamamos abolir la exigencia de tres años de residencia permanente en el estado para acceder a un permiso de residencia, exigencia que obliga a trabajar en la economía sumergida durante estos años. Las personas que han sido educadas en España tienen que obtener la nacionalidad de manera inmediata al cumplir la mayoría de edad o, cuando menos, los permisos de residencia y de trabajo.
3. Padrón para todxs
El empadronamiento es un trámite fundamental para garantizar el ejercicio de derechos básicos reconocidos a toda la ciudadanía, incluida la población migrante y/o racializada, como son el acceso al sistema público de salud, a la escolarización infantil, a las prestaciones sociales básicas o para demostrar el arraigo social o acceder al reagrupamiento familiar. Sin embargo, son numerosos los casos de ayuntamientos que dificultan o deniegan el empadronamiento de las personas migrantes o en situación de vulnerabilidad.
Es imperativo acabar con esta práctica de racismo institucional que condena a la invisibilización y a la exclusión a personas que no ven reconocida su existencia y que se ven abocadas a la marginalidad y a ser víctimas de abusos y de atropellos. Instamos a las administraciones competentes a impulsar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la obligación de empadronar a todas las personas residentes en un municipio independientemente de su situación administrativa o residencial.
4. Sufragio Universal – Derecho a voto para todas las personas mayores de edad empadronadas en el Estado español.
Las personas migrantes e hijos/es de migrantes deben tener derecho a voto y derecho a ser elegidos/des en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. El estado democrático debe garantizar que toda persona que viva en su territorio pueda escoger sus representantes políticos.
5. Acceso libre y sin restricciones a la sanidad pública, incluidos los derechos reproductivos y de afirmación de género, para todas las personas del territorio, independientemente de su situación administrativa.
Esto requiere de una formación obligatoria para el personal sanitario, a fin de desmontar rumores y evitar las malas praxis con la excusa del desconocimiento de los derechos en materia de salud de las personas migrantes. Aparte, se requieren servicios de traducción y mediación cultural eficientes en los centros de atención primaria.
6. Protección de la infancia migrante y/o racializada.
Exigimos un cambio de paradigma en el sistema de (des)protección de la infancia, donde ahora mismo prevalece el hecho de ser migrante sobre la condición de menor de edad. Es urgente erradicar prácticas violentas y abusivas como las pruebas médicas de determinación de edad en menores migrantes no acompañados y revisar los protocolos de acompañamiento de la infancia migrante en servicios de responsabilidad pública para garantizar su correcto desarrollo en plenitud e igualdad de trato y no discriminación.
La voz de la infancia y la juventud bajo protección institucional tiene que ser decisiva en el cambio de modelo de protección. Los hijos o hijas de familias pobres, sean migrantes o no, son a menudo institucionalizadas innecesariamente, sin intervención judicial, causando perjuicios emocionales, sociales y económicos graves a familias que ya son precarizadas. Especial protección de la adolescencia e infancia migrante y/o racializada en los entornos educativos. Reconocimiento y prevención del bullying por racismo. Protocolo específico de prevención y actuación ante estas situaciones de acoso y discriminación.
7. Eliminar las identificaciones por razón de perfil étnico, las cuales están prohibidas por la UE.
Condenamos la criminalización, persecución y violencia policial del estado hacia las personas racializadas, principalmente africanas, afrodescendientes, gitanas,“moras” y sexogénero disidentes mediante la perfilación racial, el abuso en dependencias policiales y la sobrerrepresentación de estas en centros penitenciarios por el trato desigual ante la justicia.
Exigimos mecanismos de control, sancion e inhabilitación para quienes, formando parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cometan estas prácticas discriminatorias y abusivas que son habituales y actualmente gozan de impunidad.
8. Memoria histórica y reconocimiento de la diversidad etnico-racial
Ni España es solamente blanca, ni el racismo se circunscribe a la situación administrativa. Las comunidades gitanas, árabes, afrodescendientes y las personas sexogénero disidentes, forman históricamente parte de este territorio; las comunidades migrantes de las últimas décadas y sus descendientes también.
Es imprescindible emprender procesos de memoria histórica que reconozcan y reparen el impacto de las acciones coloniales e imperiales que han sido necesarias para la conformación del actual Estado español.
Reconocer la diversidad étnico-racial en el Estado es fundamental para garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las “minorías étnicas” en el Estado, a nivel individual y como comunidades. Garantizando así los derechos colectivos en igualdad a la del resto de la población del Estado español, la protección e impulso de las lenguas minorizadas como el romaní-caló y la igualdad de trato y no discriminacion en sanidad, educación, trabajo y vivienda.
Colectivas y organizaciones : CNAACAT, t.i.c.t.a.c, Tanquem CIE, Movimiento RegularizaciónYa, CNAAM, Putas Indignadas, Asociación Encuentro Pazifico Barcelona, Colectivo Sirirí: Mujeres Migrantes Creando, La Tregua. Arte y transformación social, Colectivo Maloka, Mujeres Migradas Diversas, Periferia Cimarrona, Associació migració i economia social i solidària -Migress, Malas Hierbas, SOS Racisme Catalunya…
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